República de Colombia
Corte Constitucional
Presidencia
Oficina de Comunicaciones
Boletín de noticias 25 de abril de 2012
EL TIEMPO
ADOPCIÓN DE PAREJAS GAY TIENE PONENCIA POSITIVA EN LA CORTE
El ponente dice que ya se reconoce la unión homosexual como una forma de familia. Falta votación.
Nueve meses después de la histórica sentencia que reconoció a las parejas gays derechos similares a los del matrimonio heterosexual, la Corte Constitucional reanuda este miércoles el debate definitivo de un derecho que aún no es reconocido a los homosexuales en Colombia: el de adoptar.
Todo parte de la tutela de dos lesbianas de Medellín a las que el Bienestar Familiar les negó la adopción de la hija biológica de una de ellas. La ponencia, elaborada por el magistrado Juan Carlos Henao, considera que la adopción sí es viable, basada en las últimas decisiones de la Corte que reconocen las uniones entre parejas de un mismo sexo como una forma de familia.
En la Corte hay división. Un grupo de magistrados considera que es necesario esperar la reglamentación que se ordenó al Congreso sobre las uniones gays, pero su punto principal es que el reconocimiento de los derechos de los homosexuales no puede chocar con los de los menores de edad que serían adoptados, cuya protección es prioritaria según la Constitución.
¿Afecta a los menores?
Ese mismo sector ha insistido en que falta evidencia científica para determinar si afecta o no a los menores el hecho de crecer en un hogar de padres del mismo sexo. En cuanto al debate de si son o no familia, hay coincidencia entre los nueve magistrados de que se trata de un asunto superado.
Según la ponencia de Henao, reconocido por sus fundamentadas posturas de avanzada, en el caso mencionado esa situación no afecta a la niña y, por el contrario, protege su derecho a tener una familia. En ese sentido, confirma el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia que ordenó al Bienestar Familiar tramitar la adopción.
El magistrado plantea que la realidad de la familia colombiana ha cambiado, como lo demuestran la existencia de la familia unicelular -una sola persona, hombre o mujer, puede adoptar sin necesidad de tener una unión estable- y los miles de hogares en los que hombres o mujeres cabeza de familia sacan adelante a sus hijos.
De acuerdo con fuentes cercanas a la Corte, además de Henao, tres magistrados apoyarían esa ponencia. Otros dos estarían indecisos, y tres, claramente en contra.
De aprobarse la adopción en el caso de las dos mujeres de Medellín, la Corte sentaría un precedente jurisprudencial, que tendría que ser tenido en cuenta obligatoriamente en otras situaciones.
Entre tanto, el Congreso y los magistrados siguen pendientes de que el magistrado Gabriel Mendoza entregue el fallo definitivo sobre el matrimonio igualitario.
Esta situación no solo ha represado otras decisiones importantes, sino la regulación de la materia en otras instancias, como el Legislativo.
Según allegados al caso, la demora no tiene nada que ver con la postura ideológica de los magistrados, sino con la congestión de tutelas y sentencias de constitucionalidad que existen en la Corte.
Sin embargo, la ausencia de una decisión definitiva podría dar pie a que el Congreso justifique la demora en entrar a debatir el punto.
La Corte les dio 13 meses de plazo a los legisladores para reglamentar la conformación de familias en Colombia. De lo contrario, cualquier persona podrá acudir ante un notario a legalizar su situación.
Cuatro fallos a su favor
2003
Les reconocen el derecho de visita conyugal en las cárceles.
2007
Aprueban la unión marital de hecho entre gays y algunos derechos patrimoniales
2008
Las parejas del mismo sexo en unión marital pueden acceder a la pensión de sobreviviente.
2011
La unión gay es considerada una forma de familia.
ADICTOS A LAS DROGAS SERÍAN INTERNADOS DE FORMA INMEDIATA
En primer debate, Senado aprobó proyecto que reglamenta la prohibición del consumo de dosis mínima.
La Comisión Primera del Senado aprobó este martes un proyecto de ley para reglamentar la prohibición del porte y consumo de la dosis mínima, el cual obligaría a que si una persona es catalogada como adicta sea internada de forma inmediata en un centro de rehabilitación. El Estado correría con todos los gastos del proceso.
La iniciativa, aprobada en primer debate, indica que si una persona es sorprendida por la Fuerza Pública consumiendo o portando estupefacientes, de inmediato debe ser conducida a unos centros de orientación en los que médicos determinarán si una persona es o no adicta. En estos, también harían presencia delegados de la Procuraduría y funcionarios de Policía Judicial.
El senador Juan Carlos Vélez, de 'la U', afirmó que "las autoridades procederán a conducir a las personas que sean detenidas consumiendo estupefacientes a unos centros de orientación, donde van a estar unos especialistas que les van a insinuar a quienes tengan problemas con las drogas que se sometan a unos tratamientos y que el Estado, a su vez, asuma el compromiso de costear el tratamiento".
El articulado de la iniciativa indica: "Reconózcase que la adicción al consumo de drogas psicoactivas es un tema de salud pública y, por lo tanto, debe ser tratada como una enfermedad que requiere atención integral por parte de Estado, conforme a la normatividad vigente".
En el artículo 20 del proyecto aprobado se afirma que "la situación de la persona debe ser catalogada razonadamente como urgente, para garantizar los derechos de quien se encuentre en estado de indefensión, o, exposición al peligro, o, evidente excitación así como de terceros eventualmente afectados".
DICTAMEN SOBRE TESTIGO DE PALACIO ES INVÁLIDO: ABOGADO DE PLAZAS VEGA
Según el defensor, el CTI concluyó que el testigo no fue suplantado basado en folios no auténticos.
Jaime Granados, abogado de Alfonso Plazas Vega, -oficial (r.) condenado por la retoma del Palacio de Justicia- le va a pedir a la Procuraduría General que objete de inmediato el dictamen del CTI que concluyó que el testigo estrella contra su cliente, Édgar Villamizar, no fue suplantado.
Granados asegura que el CTI comparó folios no auténticos y desechó las 17 páginas de muestras ordenadas por un juez para concluir que el testigo no fue suplantado.
De acuerdo con Granados, el dictamen es inválido porque el CTI realizó el cotejo grafológico sobre folios no auténticos que allegó la exfiscal Ángela María Buitrago, investigada por presuntas irregularidades dentro de este expediente.
"Los expertos del CTI no tuvieron en cuenta las 17 páginas de muestra grafológicas que ordenó el juez 55 penal del Circuito, a cargo de la investigación contra el oficial Sánchez Rubiano. Tampoco se tuvo en cuenta la firma de Villamizar en el documento de la Procuraduría, en la que aseguró que fue suplantado y que nunca declaró contra Plazas Vega", explicó el abogado.
Granados agregó que, además, se deben investigar las declaraciones de Pablo Enrique Vásquez Herrera, investigador de la exfiscal Buitrago, quien dijo, bajo juramento, que la declaración de Villamizar fue preparada ocho días antes de que la rindiera ante la Fiscalía.
"El 24 de julio de 2007 se reunieron en una tienda Olímpica de Santana, en Bogotá, a preparar a Villamizar, y no fue una declaración espontánea, como lo asegura la exfiscal Buitrago, sino un montaje", añadió.
La Fiscalía acaba de pedir que se investigue a Villamizar por falso testimonio.
CTI asegura que no hubo suplantación
El CTI de la Fiscalía determinó en un informe que el cabo del Ejército, Édgar Villamizar, no fue suplantado y que podría enfrentar procesos por intentar engañar a la Justicia (lea también: Testigo clave en caso de Palacio de Justicia no fue suplantado: CTI).
Según el CTI, Villamizar fue la misma persona que en agosto del 2007 fue escuchado por la exfiscal Ángela María Buitrago en la declaración en la que dijo que vio vivos a varios de los desaparecidos y oyó al coronel Luis Alfonso Plazas decir: "¡Cuelguen a esos h.p.!" Ese testimonio fue clave para condenar al oficial a 30 años de prisión.
PARA EL GOBIERNO, MEJOR HUNDIRLA
Por: Alfonso Gómez Méndez
El país político debiera oír al país nacional y hundir la reforma de la justicia
El caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán planteó una tesis de profundo arraigo popular: la existencia de un abismo entre el país político y el país nacional, dado que, mientras los políticos (congresistas, gobernantes avivatos), iban por un lado, los trabajadores, ciudadanos del común, hombres del campo, creadores de riqueza, estudiantes, profesionales, iban por otro, lo que creaba así una brecha enorme entre los intereses de unos pocos y los de las aplastantes mayorías nacionales. Esa figura puede aplicarse en cuanto a lo que, a estas alturas, sin razón valedera, se le da el pomposo nombre de "reforma judicial".
En su posesión, el presidente Santos expuso la necesidad de que los ciudadanos tengan acceso al enunciado constitucional de "pronta y cumplida justicia", donde todo colombiano sepa que sus asuntos de interés debe resolverlos el aparato judicial en plazo prudente y en forma razonable. Luego, se propagó la especie de una indispensable "reforma de la justicia".
En un principio, la mayor parte de las propuestas se encaminó a modificar lo dispuesto por la Constituyente, como forma de integrar las altas cortes y sus funciones electorales, y juzgamiento de altos dignatarios del Estado conocidos como "aforados".
De entonces a hoy han entrado y salido del trámite congresal innumerables propuestas: fuero penal militar, regulación de la silla vacía, periodo y retiro forzoso de los magistrados, pérdida de investidura, eliminación de la Comisión de Acusación, supresión total del Consejo Superior de la Judicatura y atribuciones del Procurador frente a los legisladores, entre otras.
Ninguno de los cambios que van y vienen obedece a estudios serios sobre la necesidad de conseguir una justicia más expedita y eficiente. Antes bien, algunos parecen temas de regulación de poder entre las altas cortes, o puramente políticos.
En esa batahola ha cabido hasta populismo: modificar la Constitución ¡dizque para permitir a la Policía llevar a la cárcel de manera preventiva a borrachos y drogadictos!
En términos generales podría decirse que el grueso de la reforma no está encaminado a resolver los problemas de la justicia, cuya solución no pasa necesariamente por hacerle el juego a la incurable enfermedad de la "reformitis constitucional". Hay muchas cosas que se pueden hacer ya, sin tocar la Constitución.
Lo que podríamos llamar, en este caso, el "país nacional" casi que unánimemente se ha mostrado contrario al engendro: Corte Suprema y Consejo de Estado; jueces y fiscales representados por Asonal Judicial; litigantes y académicos; la Corporación Excelencia en la Justicia; El Espectador y El Nuevo Siglo; columnistas de diversa orientación como Ramiro Bejarano, Cecilia Orozco, Víctor Manuel Ruiz, María Jimena Duzán, Eduardo Suescún y Mauricio Vargas, y el ex vicepresidente y gran jurista Humberto de la Calle Lombana, entre otros. Y, por si algo faltara, ¡ahora se sabe que, como va quedando, la reforma no le gusta ni al exconstituyente y hoy ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra!
No tiene sentido haber convencido al Presidente de que este puede ser un punto de honor, porque en la historia ha habido jefes de Estado que se la jugaron por reformas que o no servían o no pudieron aplicarse.
Lleras Restrepo renunció -dimisión denegada por el Senado- porque el Congreso no le aprobaba la reforma del 68, que incluía como pieza fundamental la Comisión del Plan: ¡durante 22 años de vigencia, el parlamento ni siquiera pudo ponerse de acuerdo para integrarla!
Así, ante el adefesio que avanza en las cámaras hacia un verdadero cataclismo judicial, el país político debiera oír al país nacional y hundir la "reforma", como, por razones distintas, se hizo, tras el valiente discurso del ministro Carlos Lemos, en el gobierno de Barco.
EL ESPECTADOR
PADRES IRRESPONSABLES SERÁN BLOQUEADOS FINANCIERAMENTE
Así lo establece un proyecto de ley que permitirá reportar ante las centrales de riesgo a quienes no respondan por sus hijos.
Una nueva idea surgió para extremar medidas que permitan 'atacar' a los padres y madres que son irresponsables con sus hijos.
Este martes fue presentado en el Congreso de la República, un proyecto de ley para que sean reportados en las centrales de riesgo financiero, los padres que no respondan como corresponde.
La promotora del proyecto, la senadora Maritza Martínez, dijo que "vamos a crear una central de datos que permita reportar ante las centrales de riesgos este incumplimiento y bloquear a los padres irresponsables".
De tal orden sería el mismo 'ataque' que también se fija que no puedan acceder ni siquiera a una vivienda, hasta que no cumplan con esa responsabilidad con sus hijos.
"No queremos ver a más padres en los despachos judiciales buscando que les cumplan los acuerdos realizados", sostuvo.
La idea es hacer efectivo el seguimiento y cumplimiento de las conciliaciones que se dan en los juzgados de familia en los casos de la cuota alimentaria.
El incumplimiento con la cuota alimentaria es el delito que más se registra en el país, a tal punto que se conoce de a menos 100 mil incumplimientos al año.
REGALÍAS Y CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Una de las leyes más celebradas al comienzo del gobierno de Juan Manuel Santos fue la de regalías.
Alguna discusión se presentó en el Congreso por la repartición regional de los recursos —la distribución equitativa de la ‘mermelada sobre la tostada’ de que hablaba el ministro de Hacienda—, asunto que de nuevo ahora, con la demora para la conciliación de las versiones aprobadas en Cámara y Senado, vuelve a ser motivo de discrepancias.
No sucedió igual con otro aspecto central de esta ley: la que obliga a destinar el 10% de los recursos de las regalías totales a la inversión en ciencia, tecnología e investigación. Siendo estas materias tradicionalmente olvidadas a la hora de definir las prioridades en el presupuesto nacional, hubo consenso en la gran noticia que significaba esta inyección de aproximadamente un 0,5% del PIB nacional a investigación y desarrollo. Tanto más cuando la Ley contemplaba un importante componente de beneficio para las regiones.
Con todo, como lo mostró una serie periodística publicada por este diario la semana pasada, el procedimiento para repartir esos cerca de 900 mil millones tiene enfrentados, no solamente a los científicos entre sí, sino también a la comunidad científica con el sector político. Poner de acuerdo a tres actores que no son muy dados a la coordinación —científicos, empresarios y gobernantes— requiere cambios en la manera de pensar que no parecen estar sucediendo.
El elemento regional, loable en el papel, resulta difícil de alinear con una visión de largo plazo en investigación y desarrollo. Políticos e incluso científicos locales defienden el destino regional de las regalías e insisten en que a ellas deben ir prioritariamente los recursos. De alguna manera esa era la filosofía de la Ley. Pero la tentación de la politiquería con estos recursos ha comenzado a operar. Es así como algunos gobernantes locales, que comenzaron período este año, han comenzado a desconocer los proyectos aprobados por sus antecesores y a querer manipular la asignación de recursos hacia otros disfrazados de CyT.
Y mientras eso sucede en las regiones, los científicos más preparados, que estaban acostumbrados a ganarse las convocatorias por su mayor experiencia, idoneidad y excelencia, se sienten marginados en este nuevo esquema. Para ellos, el elemento regional es un artificio y quien debería ganar las convocatorias es sencillamente quien presente el mejor proyecto. Por lo general, claro, los mejores vienen de las grandes ciudades capitales y las universidades más prestigiosas. Y para ellos, no sin razón, el hecho de que la aplicación de las soluciones científicas se dé en las regiones no quiere decir que sea allí donde se deba hacer la investigación.
Frente a este dilema, la propuesta de Colciencias parecería lógica: promover el trabajo en redes para que los grupos de excelencia en las capitales y las grandes universidades se alíen con sus pares en las regiones, Investiguen conjuntamente los temas prioritarios para el país, formen a sus colegas y vayan fortaleciendo los grupos regionales. Aunque, de nuevo, el papel todo lo puede y hacer realidad tal coordinación tomará tiempo y mucha voluntad.
El hecho cierto es que para la repartición de los recursos este primer año se han cometido muchos errores de improvisación en la manera como se han manejado las convocatorias. Los buenos deseos no necesariamente se aplican adecuadamente, y menos si no se tiene en cuenta al actor principal. Ojalá la experiencia sirva para consensuar con la comunidad científica la manera como el país se beneficiará de la ciencia, la tecnología y la innovación, partiendo de la base de que ellas no entregan resultados de la noche a la mañana.
EL NUEVO SIGLO
CE NO VOLVERÁ A DEBATE DE REFORMA JUDICIAL
Definitivamente el Consejo de Estado decidió no regresar al debate de la reforma a la justicia en el Congreso, pero formalizó su propuesta de adelantar una “cumbre de poderes”.
Así se lo hicieron saber los magistrados en carta que le dirigieron al presidente de la Cámara Simón Gaviria, jefe único del Partido Liberal.
“Hemos recibido una carta por parte del presidente del Consejo de Estado anunciando formalmente que esa alta Corte tomó la decisión en sala plena de no regresar a las discusiones de reforma a la justicia”, informó Gaviria.
El congresista lamentó “profundamente el retiro de las Cortes. Vamos a trabajar fuertemente para crear esos puentes de diálogo, para escuchar las preocupaciones de ellos y trabajar para sacar adelante una reforma a la justicia menos preocupada por el equilibrio de poderes y más por los problemas de los ciudadanos”.
El Consejo de Estado formalizó en si carta lo que el magistrado Gustavo Gómez, presidente de la corporación, ha denominado una “cumbre de poderes” con el mandatario Juan Manuel Santos y los líderes del Congreso, el senador Juan Manuel Corzo y el representante Gaviria.
La semana pasada, cuando Gómez anunció que los magistrados del Consejo de Estado habían llegado a la necesidad de ese “diálogo de poderes”, explicó que ese encuentro podría servir para que “con el recurso de la persuasión, se traten de neutralizar las grandes amenazas que se ciernen sobre la Carta política”.
Una de las amenazas que señala Gómez es la pérdida del control que la Constitución impuso para vigilar la actividad legislativa. Los magistrados están en contra de que en el texto no haya pérdida de la investidura para los congresistas y que restrinja la capacidad de la Corte Suprema de Justicia para juzgar penalmente a los legisladores.
El magistrado Gómez había sostenido previamente que la reforma afecta la independencia judicial y libertad de las Cortes, por lo cual se estudiará la posibilidad de pedir un acompañamiento internacional ante lo que se considera un “atentado a la Constitución”.
En diciembre, el procurador Alejandro Ordóñez, la entonces fiscal Viviane Morales y los magistrados Camilo Tarquino y Mauricio Fajardo, que entonces presidían la Corte Suprema y el Consejo de Estado, firmaron una carta dirigida al presidente Santos pidiéndole su “urgente, oportuna y directa intervención” para “evitar que se puedan afectar, de manera grave, la estructura y el funcionamiento del Estado en Colombia”.
Por esos días hacía carrera entre los magistrados la idea de que los presidentes de las altas Cortes le pidieran oficialmente a la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva que programe una visita a nuestro país para conocer de primera mano la situación que aún hoy ellos califican de crítica y desinstitucionalizadora.
Como se sabe, no sería la primera vez que la relatora Knaul pondría los ojos sobre Colombia. Lo hizo tiempo atrás en medio de los ataques del gobierno de Álvaro Uribe a la Corte Suprema de Justicia por cuenta del proceso de la parapolítica. Y cómo se está presumiendo una revancha por la misma razón, pues las puertas de esa solicitud están abiertas.
Con una diferencia. A Uribe le tenía sin cuidado la relatoría. Con toda seguridad al presidente Santos sí le preocupará ver manchada una de sus gestiones mejor calificada, la de las relaciones exteriores, con una relatoría de la ONU y en un tema tan delicado.
FINANCIACIÓN DE LA RAMA, DEBATE CALIENTE EN REFORMA JUDICIAL
Uno de los puntos álgidos en el debate de la Reforma a la Justicia es la financiación de la Rama Judicial.
El ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry le propuso al Congreso “poner en concesión la administración de justicia a través del arrendamiento de edificios para instalar nuevos juzgados para descongestionar la Rama”, como medida para bajar los costos de la financiación, que superan 3 billones de pesos.
“Ustedes no saben cómo se paga un recibo o se tapa una gotera. Yo tampoco. Esa no es su labor”, les dijo el Ministro a los magistrados al proponer descentralizar estos rubros, que en la actualidad deben ser ejecutados por funcionarios directos del aparato de justicia.
La propuesta del Gobierno es que abogados y notarios funjan como jueces en estos juzgados temporales para que fallen estos procesos en un máximo de dos años.
El senador del Polo Democrático Alternativo Parmenio Cuellar indicó que la mejor forma financiar el sector de la Justicia es por medio del cobro de impuestos a los privados. “Que se aumenten los impuestos al sector privado para que el Estado tenga más recursos y que los invierta en la Justicia. Pero no puede pasar” lo mismo que con “la educación: reformarla para que el sector privado apoye la universidad. Eso se llama privatizar la universidad”.
Para Cuellar, pretender hacer lo mismo en la Reforma a la Justicia es algo que pone en peligro la independencia de jueces y fiscales, “eso debilita la autonomía de la Rama Judicial”.
Cuellar indicó que el único que debe financiar la Justicia es el Estado. Si se necesita más dinero, pues que se aumenten los impuestos. Para el congresista del Polo esa sería una buena alternativa de recoger dinero.
REVISTA SEMANA
JUSTICIA LE DICE DEFINITIVAMENTE NO AL PROYECTO DE REFORMA A LA RAMA
Los reclamos van desde los beneficios para los congresistas en las investigaciones judiciales, hasta la llamada descongestión judicial de la cual dicen, privatiza la justicia.
Diversos pronunciamientos de sectores de la justicia se escucharon en contra de la reforma que lleva el mismo nombre y que se tramita en el Congreso en segunda vuelta. Incluso, el Consejo de Estado anunció que definitivamente se va a marginar del debate.
"En la carta nos anuncian formalmente el retiro de la discusión, lo cual vemos con mucha preocupación y nos parece muy lamentable", dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, luego de una reunión con el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez.
A las quejas se sumó el presidente de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, quien reclamó el hecho de que el proyecto beneficia a quienes lo están debatiendo.
"Los congresistas investigados son los que ganan con este proyecto y el ciudadano el que pierde", dijo el magistrado Correa. Uno de los reclamos de la judicatura es que los legisladores pueden verse beneficiados en los procesos que se les adelantan por parapolítica o delincuencia común.
Las críticas no quedaron allí. La Comisión Interinstitucional de la rama judicial en la que participa el presidente de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura y el representante de los funcionarios y empleados de la rama judicial, también expresó su rechazo.
"Preocupa a la rama judicial que el proyecto de reforma a la administración de justicia, se convierta en instrumento de revancha o retaliación por el cumplimiento estricto y cabal de la función judicial que la Constitución Política le encomienda a la rama judicial, como lo ha afirmado la Corte Suprema de Justicia", se señala en un comunicado.
También rechazó que el propósito de la descongestión, "que por lo demás se viene adelantando exitosamente por la rama judicial a través de los planes respectivos, no puede utilizarse como pretexto para la privatización y administración de la justicia".
Así las cosas, la reforma continuará en el Congreso en los tres debates que le quedan sin los miembros que representan a la rama judicial.
ESPERO QUE NO SIGAN MINANDO EL PROCESO POR EL CASO DEL PALACIO DE JUSTICIA": EXFISCAL ÁNGELA BUITRAGO
Luego de que el CTI de la Fiscalía presentó un informe que deja claro que el cabo (r ) Edgar Villamizar no fue suplantado como él lo asegura, la fiscal que recibió su testimonio y a quien se puso en tela de juicio, habla de lo que ella llama "una estrategia para desviar el proceso".
A la exfiscal Ángela Buitrago no le sorprendió el informe del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que, en cumplimiento de la orden de un juez de Bogotá, dictaminó (mediante una prueba grafológica) que el cabo (r) Edgar Villamizar sí es la persona que en el 2007 rindió su testimonio ante la Fiscalía por el caso del Palacio de Justicia (1983).
Y no le sorprendió porque fue ella la persona que tomó el testimonio de Villamizar. Buitrago nunca ha entendido por qué el cabo (r) decidió de un momento a otro decir que jamás había hablado ante las autoridades, que era víctima de un montaje y que la fiscal y seis funcionarios más mentían.
Semana.com habló con Buitrago, quien se lamenta que haya sido necesaria una prueba grafológica para demostrar lo que ella, otros funcionarios y un documento, señalaron desde un principio.
Semana.com: ¿Cómo recibe usted, la fiscal que recibió el testimonio de Edgar Villamizar (que él niega ahora), el informe del CTI en el que se determina que él atestiguó?
Ángela Buitrago: Para mí no significa nada nuevo. El señor (Edgar Villamizar) estuvo delante de mí. Veo que intentaron de forma absurda aprovechar un error de digitación (en el acta de declaración el apellido de quedó Villarreal) para engañar y buscar un resultado a cualquier precio diciendo que fue suplantado.
Semana.com: La Procuraduría respaldó la idea de que Edgar Villamizar fue suplantado... ¿cómo es posible que haya llegado hasta esa instancia dicha versión?
A.B: Jugaron a tener razón, sabiendo que no la tenían. Esa persona (Edgar Villamizar) aparece en un momento cumbre del proceso, respaldado por no sé quién. Se retracta sin saber por qué y como estocada final aparece la Procuraduría a pedir que absuelvan a algunos procesados por el caso.
Semana.com: Además pidieron que le reabrieran un proceso en contra suya (junio del 2011), con el ánimo de comprobar la veracidad del testimonio de Villamizar...
A.B: Sí, pero no me han podido acabar. No lo van a lograr. Desde el 2010, cuando me archivaron, ya estaban las pruebas que determinaban que efectivamente él (Villamizar) sí rindió el testimonio.
Semana.com: ¿Esperaba un estudio como el del CTI para que validara el testimonio?
A.B: A mí lo que realmente me preocupaba era que tuviera que ser solo a través de un dictamen de esos que le dieran validez a lo que sostienen, no solo yo sino seis funcionarios más, quienes estuvieron presentes en la declaración. No es lógico que se ponga así la balanza al revés.
Semana.com: ¿Pensó alguna vez que el resultado del informe le diera la razón a Edgar Villamizar y su negación del testimonio?
A.B: Para mí era imposible que el resultado fuera otro. Grafológicamente, no había forma de contradecir que él sí rindió ese testimonio. Lo que hace la prueba es ratificar la declaración de muchas personas que vieron que él sí fue a la Escuela de Caballería a dar su testimonio.
Semana.com: ¿Cuáles son para usted las intenciones detrás de la retractación de Villamizar?
A.B: Está claro. Se trata de minar el proceso ¿qué haces tú cuando la prueba esta ahí? Quitarla, para restarle credibilidad a la investigación. En este caso se ha visto eso mucho. Y no solo por el caso del cabo.
Semana.com: ¿Qué efecto tendrá en la investigación en contra suya ese informe del CTI?
A.B: A estas alturas... la preclusión absoluta, pero no podría decir... en esto nunca se sabe, cualquier cosa puede pasar.
Semana.com: Familiares de los desaparecidos han dicho que interpondrán acciones contra Villamizar, ¿lo piensa hacer usted también?
A.B: No. Pero todo procederá, supongo, por oficio. En el caso de Villamizar estamos frente a un comportamiento de fraude procesal y falso testimonio.
Semana.com: Después de escuchar a Villamizar decir que él no rindió ningún testimonio y de que la Procuraduría lo respaldó, ¿qué queda claro para usted?
A.B: Acá hay episodios claros. Por ejemplo Alfonso Plazas Vega denunció a Villamizar penalmente en el 2009 por la declaración que rindió a la Fiscalía en el 2007 (...) después de dos años vuelve a aparecer, pero para decir que él nunca habló (...) sería importante saber quién y por qué fue contactado Villamizar para retractarse. Lo más importante es que no sigan minando este proceso.
Semana.com: Así como este episodio, ¿podría haber otro de esos que usted dice que pretenden ‘minar’ el proceso?
A.B: Claro, las personas que están interesadas en que el caso, por ejemplo de Alfonso Plazas Vega, no prospere, van a seguir haciéndolo por cualquier lado. Terminaron siendo las víctimas (....) los pájaros disparándole a las escopetas. Ellos no van a cesar en ese esfuerzo.
CARACOL RADIO
HOY LA CORTE CONSTITUCIONAL DEFINIRÁ LA REDISTRIBUCIÓN DE LAS REGALÍAS
La Corte Constitucional determinará hoy si le da el aval a la ley de regalías que determina la redistribución de estos recursos en todo el país.
Los demandantes Rubén Darío Bravo y José Manuel Abuchaibe consideran que la ley tiene problemas de trámite, no se hizo la consulta a los indígenas y consideran que sustituyó la Constitución por violar el principio de la autonomía territorial.
En esta ley se señala que para cumplir con la distribución de los recursos de la regalías y fines del Sistema General se crean los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Desarrollo Regional; de Compensación Regional, y de Ahorro y Estabilización.
En este caso la Procuraduría pidió a la Corte Constitucional la aprobación de esta ley de regalías, la cual se constituye el Sistema General de Regalías.
Citando jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Ministerio Público señala que no en todos los casos debe hacerse la consulta previa sobre una iniciativa legislativa que sea susceptible de afectar las comunidades étnicas.
EL 95% DE LOS MUNICIPIOS RECIBIRÁN NO MENOS DE 300 MILLONES DE PESOS POR REGALÍAS
Así lo establece el texto del informe de conciliación que será discutido por las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes antes de una semana.
Según el acuerdo, el 95 por ciento de los municipios del país recibirán mínimo 300 millones de pesos de regalías para apoyar sus planes de desarrollo y proyectos de infraestructura.El representante a la Cámara, Alfredo Molina Triana, dijo que las regalías ya no se entregarán únicamente a los municipios en los que adelanta explotación minera o petrolera, debido a que los recursos serán girados de varios fondos que manejarán los recursos de las regalías.
"En la conciliación se acordó, a través de una nueva fórmula, que los municipios de 4ta, 5ta y 6ta categoría van a tener 600 mil millones de pesos en torno al 10 por ciento que se toma del Fondo de Compensación para distribuir en dichos entes territoriales", indicó el Congresista.
Molina Triana agregó que "los alcaldes deben tener en cuenta que hay otras instancias que manejan los recursos de regalías como el Fondo de Desarrollo Regional, el Fondo de Ciencia y Tecnología".
"Existen unas regalías directas que serán entregadas a los municipios y departamentos productores que tienen igualmente el derecho por ser regiones en donde se hace la actividad productiva y que genera la regalía específica de conformidad a la actividad productiva del territorio", señaló.
El congresista agregó que "antes eran regalías directas y regalías indirectas y en ese sentido, también había un Fondo Nacional de Regalías único que tenía como el 27 por ciento para distribuirlas en el país, hoy hay varios fondos y distribuciones de las regalías, una regalía directa, municipios y departamentos productores; unos Fondos para acceder a recursos de todo el país".
Molina Triana señaló que "al tomarse la decisión en la conciliación del 10 por ciento del Fondo de Compensación para el 95 por ciento de los municipios del país, van a quedar cifras con regalía específica de aproximados 300 millones de pesos, que es un monto significativo para ese tipo de municipios que no tenían ningún peso en regalías y que puede ser utilizado en proyectos de desarrollo regional local".
ADOPCIÓN DE PAREJAS DEL MISMO SEXO SE BUSCARÁ DEFINIR MAÑANA EN LA CORTE CONSTITUCIONAL
Debido a la premura por la salida del magistrado Juan Carlos Henao de la Corte Constitucional, se estudiará este jueves el tema de la adopción para parejas del mismo sexo.
La Corte desde el año pasado estudia una ponencia en la que se manifiesta que es viable la adopción, teniendo en cuenta los demás derechos concedidos, como el reconocimiento de la unión, la salud y la pensión y la igualdad entre otros.
A este pronunciamiento le antecede un fallo de tutela de esta misma corporación que manifiesta que la uniones del mismo sexo también son familia.
El caso que se define es una tutela de dos mujeres que tuvieron un hijo, quienes acudieron al ICBF para tramitar la adopción y esta no fue analizada por la entidad alegando que solo se hacía en casos de parejas de diferente sexo.
Dicen varios magistrados que difieren de esta ponencia que se debe conceder para que sea tramitada la solicitud y sea respondida formalmente por el ICBF como se ha concedido en la última instancia y no conceder la adopción.
Para estos magistrados este tema debe ser objeto de una reforma Constitucional, ya que la carta es clara en que la adopción se concede entre una pareja conformada entre un hombre y una mujer.
Lo cierto es que el tema puede quedar en veremos si el magistrado Henao sale de la Corte hacia su nuevo cargo como rector de la Universidad Externado.